VENEZUELA: Maduro acapara todo el poder
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Con todo el folclore chavista, la Asamblea Nacional venezolana, dominada por el oficialismo, aprobó ayer en una primera discusión la Ley Habilitante para que el presidente Nicolás Maduro emita decretos con fuerza de ley durante doce meses. Sin embargo, no será hasta el martes cuando se celebre la segunda y definitiva votación. El presidente de la Asamblea y directivo del partido de Gobierno, Diosdado Cabello, interrumpía la sesión para forzar el sufragio. Decidió, además, que se iba a hacer a viva voz para «que todos conozcan la cara de quienes apoyan a los corruptos». La discusión estuvo todo el tiempo a punto de terminar en incidentes. Desde el comienzo, se trató de un acalorado debate. Varios opositores abandonaron el plenario antes de emitir el voto. Los chavistas llegaron enfundados en camisetas con las inscripción «#YoSoyel99», en referencia al voto que necesitaba el chavismo para llegar a los tres quintos que exige la Constitución. Al final de la sesión, Cabello, dijo en la Cámara que la segunda y última discusión será el próximo martes, en una sesión de trámite debido a que los oficialistas controlan el Parlamento. La Asamblea Nacional aprobó la ley con los 99 votos que dispone la bancada oficialista, contra 60 de la oposición. Los otros seis diputados restantes de la oposición y sus suplentes no acudieron al debate.
El diputado número 99 del oficialismo, el total de votos requeridos para aprobar los poderes especiales, se consiguió este miércoles cuando el oficialismo se impuso para retirarle los fueros a María Mercedes Aranguren, asambleísta disidente que pasó a la oposición. Tras retirarla de su escaño, argumentando un viejo caso de corrupción, un diputado del oficialismo Carlos Flores, asumió su sillón ayer y de nuevo la bancada del Gobierno sumó 99 asientos. De hecho, cuando llegó el momento de que Aranguren emitiera su voto, el secretario de la Asamblea explicó que votaba su suplente, Carlos Flores. En ese instante, los aplausos chavistas se mezclaron con los gritos de «traidor» de la oposición. Cuando se alcanzó la cantidad de votos necesaria, la voz del fallecido Hugo Chávez apareció en los altavoces de la Asamblea Nacional. La mayoría chavista vivió el recuerdo de su líder y vitoreó a Maduro. Maduro, un ex sindicalista de 50 años, solicitó los poderes en octubre argumentando que requería de instrumentos para poder combatir la corrupción y lo que denomina la «guerra económica», en la que atribuye al sector privado la escasez de productos básicos como la harina de trigo, el aceite, el papel higiénico y medicinas, entre otros.
«Vamos a bajar todos los rubros. Por lo menos, el 50% tienen que bajar todos los precios abultados», dijo durante un acto militar. El Gobierno lidia además con una inflación acumulada de más del 54% en los últimos 12 meses, así como con la carestía de productos básicos y la baja productividad de las empresas agobiadas por la falta de consumo. Maduro también anunció que una de las primeras leyes que aprobará será la regulación de los procesos de entrega de las divisas a las empresas, que tendrán que firmar un contrato de «fiel cumplimiento de obligaciones». Oscar Vallés, analista político y profesor de la Universidad Metropolitana en Caracas, aclara que el modo en que el oficialismo logró los votos para aprobar la ley «es lo más escandaloso que pudo suceder, por la manera como se ha pisoteado la forma». «El presidente Hugo Chávez tuvo muchas leyes habilitantes y sin embargo, esas leyes habilitantes gozaron del respaldo político que exigen la forma. Lo más curioso que en un sistema legislativo como el nuestro, cuando las normas que regulan los procesos legislativos son pisoteadas, cambiadas, manipuladas a voluntad de la mayoría circunstancial de la Asamblea Nacional, se imaginará qué quedará como mensaje para el resto del país», sostiene.
Incluso antes de la llegada al poder del ahora fallecido Hugo Chávez, las normas venezolanas contemplaban la posibilidad de otorgar facultades a un mandatario por un tiempo determinado para emitir decretos con fuerza de ley. Chávez obtuvo de la Asamblea cuatro leyes habilitantes (1999, 2000, 2007 y 2010) que le permitieron aprobar por la vía de decreto cerca de 200 reformas legales y nuevas legislaciones que utilizó para ampliar el poder estatal y llevar adelante la instauración de lo que denominaba su modelo socialista.
Maduro ya controla el Supremo, ahora tampoco tendrá que cumplir cuentas frente al poder legislativo. Dispuesto a estrenar sus nuevas facultades, recuerda una de las últimas frases que el comandante le dijo moribundo: "Todo gran poder conlleva una gran responsabilidad". De tal palo tal astilla...
anodemócrata Christian Wulff pasó ayer a la historia de Alemania por ser el primer ex presidente que se sienta en el banquillo. Desde ayer la Corte de Hanóver juzga al ex jefe de Estado por los delitos de tráfico de influencias y cohecho. Según la Fiscalía, en 2008, cuando Wulff era primer ministro del «land» de Baja Sajonia, el productor cinematográfico David Groenewold invitó a él y a su mujer, Bettina, a la popular Fiesta de la Cerveza de Múnich, la Oktoberfest, y les pagó su estancia en un hotel valorada en 720 euros. A cambio, presuntamente, el dirigente conservador habría intercedido ante el presidente de Siemens para que promocionara una película de Groenewold.
Visiblemente desmejorado, Wulff, de 54 años, aseguró a los numerosos periodistas que le esperaban a la puerta del tribunal que «no será un día fácil», pero «estoy seguro de que seré capaz de desmontar las acusaciones que aún pesan sobre mí, porque siempre he actuado correctamente durante mi mandato». En caso de ser hallado culpable, el ex jefe de Estado se a una pena de tres años de cárcel o una multa.
Mimado por la Prensa y visto como un prometedor sucesor de Angela Merkel, todo empezó a cambiar para Wulff a finales de 2011, cuando las acusaciones de tráfico de influencias y vacaciones pagadas por empresarios amigos se durante semanas en los principales medios de alemanes, mientras el político defendía una y otra vez su inocencia.
Así, se supo que Wulff había recibido en 2008 un crédito de 500.000 euros del empresario Egon Geerkens y su mujer, que posteriormente liquidó en condiciones favorables con otro crédito de un banco público. Con ese dinero, el presidente de Baja Sajonia y su segunda esposa, Betina, compraron una vivienda unifamiliar con una parcela de 658 metros. A las primeras informaciones sobre el préstamo siguió un reguero de acerca de las vacaciones de Wulff a invitación de los Geerkens y otros casos de presunto amiguismo.
Pero a las sombras sobre su honradez se sumaron sus torpes maniobras para ocultar el escándalo. Wulff dejó un mensaje intimidatorio al redactor jefe del diario «Bild», Mathias Dopfner, amenazándole con una «guerra» y consecuencias legales si el caso salía a la luz. Tampoco sirvieron de nada las disculpas públicas por su proceder. Precisamente, en el editorial de ayer, Dopfner defendía que el proceso había ido demasiado lejos: «Wulff ya fue suficientemente castigado. La cantidad que se presenta en este juicio no es significativa para un presidente de la República... Me impresiona la determinación y la mezquindad de los fiscales». Éste es el último capítulo de la relación de amor y odio entre el influyente diario sensacionalista, el más leído de Alemania y Europa, y el político democristiano. Fue «Bild» quien encumbró a Wulff y difundió los detalles más íntimos de su relación con Bettina para años después propiciar su caída con la publicación de sus escándalos. Instalado en el Palacio Bellevue (residencia berlinesa del jefe de Estado), el dirigente de la CDU cayó en la cuenta de que no se podía presidir Alemania desde las páginas de un tabloide.
Wulff decidió renunciar a la Presidencia el 17 de febrero de 2012, apenas 19 meses después de asumir el cargo y al día siguiente de que la Fiscalía General solicitara suspender su inmunidad para poder investigarlo. La amplia recopilación de pruebas fue desechando y minimizando desde entonces todos los cargos y sospechas, con excepción del viaje a la Oktoberfest de Múnich. En abril pasado, la Fiscalía ofreció a Wulff y Groenewold evitar la demanda a cambio de un pago de 20.000 euros, pero ambos se negaron. El ex presidente busca demostrar en este proceso su honorabilidad y lavar su imagen pública para una no descartable vuelta a la vida política.
Más allá de veredicto, el «caso Wulff» tiene una vertiente ética que ha despertado un amplio debate en Alemania. Visto como la conciencia moral de la nación, los alemanes exigen a su ex presidente que dé ejemplo y que se dilucide la más mínima sospecha de corrupción. «Si un funcionario afronta este tipo de acusaciones, debe hacerse un proceso. No importa si su cargo es muy importante o no. Esto vale pLortin heniat vullaor issit alit dolortie mod ming ex exerostrud modolorem zzriuscipit nulpute te dolore dolore minim verate eu.
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