Juan O. Tamayo
Los documentos, definitivamente, no estaban clasificados como secretos. Pero contenían información detallada sobre programas del gobierno de Estados Unidos para ayudar a disidentes cubanos que el gobierno cubano ha declarado ilegales como parte de una campaña semiclandestina para derribar al régimen comunista.
De modo que, cuando la Agencia para el Desarrollo Internacional de EEUU (USAID) usó por error una línea no codificada para enviar los documentos a diplomáticos estadounidenses en La Habana, algunos de los autores de los documentos no podían creerlo.
“Es una soberana estupidez”, dijo un funcionario de uno de los grupos que generaron los documentos —solicitudes extremadamente detalladas para un programa de USAID de $6 millones para entrenar a líderes emergentes de los sectores no gubernamentales de Cuba.
Su solicitud de más de 200 páginas contenía la historia completa de su trabajo anterior en los programas prodemocracia en Cuba de USAID, dijo el funcionario, los nombres de algunos posibles candidatos para recibir el entrenamiento y los lugares donde podrían ser entrenados.
USAID dice que nada malo pasó, argumentando que el gobierno de Estados Unidos nunca clasificó los programas prodemocracia como secretos o siquiera confidenciales.
“El programa para Cuba de USAID no tiene nada clasificado, nosotros simplemente llevamos a cabo los programas de un modo discreto para ayudar a asegurar la protección de todos los involucrados”, dijo Karl Duckworth, portavoz de USAID.
Pero los propios documentos de la agencia destacan las preocupaciones de seguridad relacionadas con el programa.
“Dada la naturaleza del régimen cubano y la susceptibilidad política del programa de USAID, USAID no puede ser considerada responsable de cualquier daño o inconveniencia sufrida por individuos que viajen a la isla con fondos de USAID”, dice un contrato de la agencia.
Una presentación de diapositivas para organizaciones no gubernamentales que han recibido financiamientos de USAID les aconseja reportar cualquier “preocupación de seguridad, incluyendo acoso o detención por parte del gobierno de Cuba”.
Alan P. Gross, subcontratista de USAID que vive en Maryland, está cumpliendo una condena de 15 años de cárcel en La Habana por entregar ilegalmente a judíos cubanos tres teléfonos de satélite, pagados por USAID, para que tuvieran acceso directo y sin censura a la internet.
Por lo tanto, resultó chocante cuando funcionarios de USAID avisaron a solicitantes de los $6 millones en septiembre que sus solicitudes habían sido enviadas a diplomáticos estadounidenses en La Habana para ser revisadas a través de una línea no protegida, en lugar de una línea codificada como de costumbre.
Duckworth se negó a hacer más comentarios sobre el incidente. Pero cuatro funcionarios de organizaciones no gubernamentales (NGOs) que solicitaron los fondos dieron detalles a El Nuevo Herald. Ellos pidieron conservar el anonimato, diciendo que querían permanecer en buenos términos con USAID.
La solicitud de USAID para la propuesta SOL-OAA-13-000110, hecha pública el 10 de julio, ofreció un total de total de $6 millones por tres años, divididos en al menos dos subvenciones de no más de $3 millones y no menos de $1 millón.
Su objetivo era “fortalecer la capacidad humana en la isla por medio de brindar oportunidades a los líderes de sociedad civil para viajar fuera de Cuba con objeto de aprender habilidades técnicas y recibir experiencia en una serie de campos importantes para el desarrollo de la democracia y la sociedad civil”.
Se cree que más de 20 NGO presentaron solicitudes antes de la fecha tope del 9 de agosto —la competencia por los fondos es fuerte— que generalmente incluyen propuestas de presupuesto, formas de observar y evaluar el progreso, organigramas y experiencia anterior en Cuba.
Las solicitudes no requieren el uso de nombres o contactos, “pero por lo general uno incluye algunos para mostrar que conoce gente, que su organización tiene cierto peso”, dijo uno de los funcionarios de NGO.
Los funcionarios de USAID llamaron a los aspirantes a fines de agosto para darles la noticia: todas las propuestas habían sido enviadas en una línea no codificada a la Habana. Un aspirante citó a un funcionario de la agencia que habría dicho “Creemos que es posible que el gobierno de Cuba haya visto todas las propuestas”.
Las agencias de inteligencia de Cuba consideran a Estados Unidos como su enemigo número 1 y espían constantemente a los diplomáticos de Washington en La Habana, monitoreando sus comunicaciones y poniendo micrófonos en sus casas.
USAID dijo que a las NGO que podían retirar sus propuestas si consideraban que el riesgo era muy grande. Ninguna de las aspirantes retiro la propuesta y una dijo a El Nuevo Herald que no tenía sentido echarse para atrás ya que la inteligencia cubana, sin duda, ya tenia los documentos.
Unas semanas después, cada aspirante recibió cartas de rechazo que no hacían mención del error de USAID pero que señalaban que las propuestas eran deficientes de una u otra manera, dijeron los oficiales de las NGOs.
Los $6 millones fueron distribuidos entre otros programas de democracia en Cuba conducidos por USAID, que fueron creados bajo la ley Helms-Burton de 1996.
La seguridad en los programas de USAID ha sido cuestionada debido a temores de que funcionarios del gobierno puedan obtener información sensible y utilizarla para entorpecer los programas e incluso encarcelar a los participantes —como sucedió con Gross.
La organización con sede en Washington, Freedom House, entregó voluntariamente una subvención de $1.7 millones destinados a Cuba en el 2011, luego de quejas de que USAID estaba pidiendo demasiada información sobre cómo los fondos iba a ser usados, incluidas las identidades y los planes de viaje de los participantes.
“Tomamos muy en serio la necesidad de rendir cuentas por estos programas”, dijo en aquel momento el Daniel Calingaert, el Director Adjunto de Programas de la NGO. Pero las peticiones de información de USAID son “no sólo onerosas. También aumentan el riesgo de lo que hacemos”.
Una formulación de cargos del gobierno de Estados Unidos declasificada en abril, acusó la ex abogada de USAID, Marta Rita Velásquez, de conspiración para cometer espionaje en nombre de Cuba. Velásquez vive con su esposo en Suecia y no ha sido extraditada.
La formulación de cargos dice que Velásquez le presentó a la espía cubana convicta, Ana Belén Montes, quien fuera una analista de inteligencia del Pentágono a un funcionario de inteligencia cubano en 1984, cuando las dos mujeres eran estudiantes de postgrado en Washington.
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