ALEJANDRO ARMENGOL: Pecado comercial
La anunciada prohibición de la venta de ropa y otros artículos que traen viajeros que visitan regularmente la isla cargados de mercancías, los llamados “mulas”, trae de nuevo a colación un viejo un viejo precepto del régimen castrista: la prohibición del comercio privado, una actividad que debe quedar en manos del Estado.
El decreto promulgado la semana pasada afecta potencialmente a más de 20,000 negocios pequeños y sus empleados, de acuerdo a un cable de la agencia Reuters. La información añade que en estos momentos hay 436,000 personas empleadas por cuenta propia, de las cuales alrededor de 100,000 trabajan como empleados de negocios pequeños, de acuerdo con cifras del propio gobierno.
Tanto los empresarios como sus empleados y clientes comentaron furiosos sobre la prohibición de ropas en el municipio de Centro Habana de la capital, donde varias docenas de vendedores se habían establecido en un solar yermo para vender ropa, zapatos y ropa interior, añade el cable.
Todo hace indicar que el gobierno podría enfrentar el tipo de rechazo que ya ocurrió recientemente en Santa Clara, cuando cerca de 200 dueños de coches tirados por caballos realizaron una protesta por los altos impuestos que terminó de forma pacífica. Actos de este tipo se han producido también en años anteriores en Cuba sin resultados políticos.
Detrás de la medida está el interés económico en mantener el control total sobre la actividad comercial, incluso en la esfera minorista, pero también la negativa a modificar un fundamento ideológico básico propugnado por el régimen: no permitir el comercio privado.
El mantenimiento de este dogma es una clara muestra de lo limitado que resultan los cambios que el gobierno de Raúl se ha impuesto, lo que el propio gobierno se niega a llamar reformas y denomina “actualización del sistema”.
Hasta ahora las limitaciones a cualquier vestigio de “reformismo” venían dadas por la lentitud de los cambios, la ideología relegada casi al olvido. Ahora hay una reafirmación que tiene un efecto práctico, pero es también conceptual.
En realidad lo que hasta ahora venía ocurriendo en Cuba era que la población, y en especial estos “empresarios” incipientes y cuentapropistas en general, estaban estirando algunas de las modalidades de trabajo por cuenta propia aprobadas para sacar mayor provecho. Así, por ejemplo, la modista se dedicaba también a vender ropa que le llegaba del exterior, y ofrecer una mercancía más variada y a precios más bajos que las tiendas estatales.
Si se miran las fotos de los establecimientos improvisados de venta de ropa en el solar yermo de Centro Habana, que menciona la información de Reuters, no hay más remedio que asombrarse una vez más de la debilidad endémica de la economía que ha establecido el régimen y de la incapacidad para competir sin recurrir a prohibiciones y medidas represivas. Son sitios muy similares a los que el viajero encuentra en Puerto Príncipe, la capital haitiana. ¿Es esta la competencia que teme el Estado cubano?
Sí, por dos razones fundamentales. La primera es que el socialismo –al menos como se le conoció y por lo tanto el único que ha existido– no es reformable. Hay un principio fundamental del marxismo que mantiene plena validez: el trabajo privado engendra la pequeña propiedad mercantil y esta a su vez la empresa capitalista. Por ello es que cuando al régimen cubano no le ha quedado más remedio que permitir el trabajo por cuenta propia, hace al mismo tiempo todo lo posible por limitarlo.
La segunda razón, y que en cierta medida se desprende de la anterior, es que el incipiente y limitado sector privado en Cuba obedece a un control burocrático, que lleva a cabo muchas de sus decisiones a partir de factores extraeconómicos: políticos e ideológicos principalmente, en el caso de Cuba.
Una solución parcial a este problema sería aumentar el papel del mercado y concederle mayor espacio a las actividades legales, de forma legal y dejando la vía abierta a la competencia y la iniciativa individual. Sólo que entonces, el éxito en el mercado tendría un valor superior a la burocracia.
Así que de momento no hay indicador alguno que permita considerar que en Cuba se está gestando ni siquiera una pálida creación de un modelo cercano al chino o al vietnamita.
Tanto cuando busca grandes inversionistas extranjeros, como cuando mantiene sus monopolios en el comercio exterior y nacional, mayorista y minorista, el régimen de La Habana se empeña en su temor ante la pequeña propiedad mercantil privada y el considerar al comercio privado no solo ilícito, sino pecaminoso, que no debe ser permitido –ni siquiera en forma regulada y pagando impuestos excesivos (ya la aduana había establecido fuertes gravámenes a esta mercancía proveniente del exterior)– porque a la larga desencadena lo que el régimen sigue considerando lo peor –el “mal” en su naturaleza absoluta–, salvo por supuesto cuando son esos mismos miembros del gobierno los que lo practican como explotadores en su modalidad más salvaje: el capitalismo.
Tanto los empresarios como sus empleados y clientes comentaron furiosos sobre la prohibición de ropas en el municipio de Centro Habana de la capital, donde varias docenas de vendedores se habían establecido en un solar yermo para vender ropa, zapatos y ropa interior, añade el cable.
Todo hace indicar que el gobierno podría enfrentar el tipo de rechazo que ya ocurrió recientemente en Santa Clara, cuando cerca de 200 dueños de coches tirados por caballos realizaron una protesta por los altos impuestos que terminó de forma pacífica. Actos de este tipo se han producido también en años anteriores en Cuba sin resultados políticos.
Detrás de la medida está el interés económico en mantener el control total sobre la actividad comercial, incluso en la esfera minorista, pero también la negativa a modificar un fundamento ideológico básico propugnado por el régimen: no permitir el comercio privado.
El mantenimiento de este dogma es una clara muestra de lo limitado que resultan los cambios que el gobierno de Raúl se ha impuesto, lo que el propio gobierno se niega a llamar reformas y denomina “actualización del sistema”.
Hasta ahora las limitaciones a cualquier vestigio de “reformismo” venían dadas por la lentitud de los cambios, la ideología relegada casi al olvido. Ahora hay una reafirmación que tiene un efecto práctico, pero es también conceptual.
En realidad lo que hasta ahora venía ocurriendo en Cuba era que la población, y en especial estos “empresarios” incipientes y cuentapropistas en general, estaban estirando algunas de las modalidades de trabajo por cuenta propia aprobadas para sacar mayor provecho. Así, por ejemplo, la modista se dedicaba también a vender ropa que le llegaba del exterior, y ofrecer una mercancía más variada y a precios más bajos que las tiendas estatales.
Si se miran las fotos de los establecimientos improvisados de venta de ropa en el solar yermo de Centro Habana, que menciona la información de Reuters, no hay más remedio que asombrarse una vez más de la debilidad endémica de la economía que ha establecido el régimen y de la incapacidad para competir sin recurrir a prohibiciones y medidas represivas. Son sitios muy similares a los que el viajero encuentra en Puerto Príncipe, la capital haitiana. ¿Es esta la competencia que teme el Estado cubano?
Sí, por dos razones fundamentales. La primera es que el socialismo –al menos como se le conoció y por lo tanto el único que ha existido– no es reformable. Hay un principio fundamental del marxismo que mantiene plena validez: el trabajo privado engendra la pequeña propiedad mercantil y esta a su vez la empresa capitalista. Por ello es que cuando al régimen cubano no le ha quedado más remedio que permitir el trabajo por cuenta propia, hace al mismo tiempo todo lo posible por limitarlo.
La segunda razón, y que en cierta medida se desprende de la anterior, es que el incipiente y limitado sector privado en Cuba obedece a un control burocrático, que lleva a cabo muchas de sus decisiones a partir de factores extraeconómicos: políticos e ideológicos principalmente, en el caso de Cuba.
Una solución parcial a este problema sería aumentar el papel del mercado y concederle mayor espacio a las actividades legales, de forma legal y dejando la vía abierta a la competencia y la iniciativa individual. Sólo que entonces, el éxito en el mercado tendría un valor superior a la burocracia.
Así que de momento no hay indicador alguno que permita considerar que en Cuba se está gestando ni siquiera una pálida creación de un modelo cercano al chino o al vietnamita.
Tanto cuando busca grandes inversionistas extranjeros, como cuando mantiene sus monopolios en el comercio exterior y nacional, mayorista y minorista, el régimen de La Habana se empeña en su temor ante la pequeña propiedad mercantil privada y el considerar al comercio privado no solo ilícito, sino pecaminoso, que no debe ser permitido –ni siquiera en forma regulada y pagando impuestos excesivos (ya la aduana había establecido fuertes gravámenes a esta mercancía proveniente del exterior)– porque a la larga desencadena lo que el régimen sigue considerando lo peor –el “mal” en su naturaleza absoluta–, salvo por supuesto cuando son esos mismos miembros del gobierno los que lo practican como explotadores en su modalidad más salvaje: el capitalismo.
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