PUNTOS DE VISTA: El “Derecho a no migrar”

Dignidad para migrantes o migrantes por dignidad

Siro del Castillo

Publicado en Revista Futuros No. 17, 2007 Vol.IV

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Desde que los seres humanos comenzamos a poblar el planeta, siempre hemos sentido la necesidad de trasladarnos de un lugar a otro en la simple búsqueda de mejores oportunidades para sobrevivir. Hoy esa misma necesidad ha obligado a millones de seres humanos a abandonar sus lugares de origen para tratar ya no solamente de sobrevivir, sino para alcanzar el sueño de oda persona de vivir en dignidad.

A diferencia de otros tiempos, las actuales fronteras de los Estados, creadas por el hombre, han dificultado esa movilidad, a lo que se suma el comportamiento de gobiernos y sectores políticos y económicos, tanto en los países de origen de los migrantes como de los países receptores, que no quieren reconocerle a los migrantes de hoy en día la dignidad plena de todo ser humano como persona.

Por mucho tiempo América Latina y el Caribe fueron grandes receptores de migraciones, hoy en día el desplazamiento de las migraciones es principalmente de Sur a Norte, con un cambio radical de rumbo. En el 2003 se estimaba que cerca de 180 millones de personas estaban viviendo en un lugar distinto al de su país de origen. Hoy en día solamente en los Estados Unidos de América se calcula en mas de 25 millones la presencia de las personas de otro origen nacional, la mayoría provenientes de los países de América Latina y el Caribe, y en los países de la Unión Europea en mas de 22 millones, cifras significativas pues son casi el doble de las que existían en los años setenta. 

Lo nuevo en esta etapa es que los países de América Latina y el Caribe se han convertido en “expulsores sistemáticos de su población”,  según señalan algunos académicos especializados en los temas migratorios, convirtiéndonos de hecho en una “región productora de mano de obra -calificada o no calificada- para los mercados de trabajo de los llamados países desarrollados”.

En las décadas de finales del siglo pasado, los conflictos armados en algunos países de la región y las dictaduras militares o regímenes totalitarios en otros, obligaron a cientos de miles de personas emigrar. Actualmente el regreso a la paz o el fin de las dictaduras no han transformado las causas estructurales económicas y sociales que en el fondo son las que promueven los conflictos, la pobreza y la migración. 

La adopción en América Latina y el Caribe del esquema neoliberal ha profundizado más todavía las limitaciones e inequidades económicas y sociales que afectan nuestra región, creando condiciones difíciles para la mayoría, y que son factores principales en el aumento de la constante movilidad hacia el Norte, incluyendo una ampliación en las variedades de migrantes en la que ahora aparecen también, los pequeños y medianos empresarios (los llamados “transmigrates”, según el sociólogo Alejandro Portes), con características distintas y diferentes de los migrantes que no tienen posibilidades de un empleo digno en sus países, pero que de hecho drena más aun, las economías nacionales y los mercados de empleo.

El fenómeno migratorio actual no lo podemos separar del mundo del trabajo.

Según Camilo Castellanos (Coordinador Regional de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo): “Sin mayores posibilidades de empleo y menos de empleo digno, los trabajadores buscan (al migrar) mejores condiciones. Aprovechando las diferencias, el trabajo se realiza en un espacio económico donde así no se pague debidamente, el ingreso es relativamente mas alto, en tanto que la fuerza de trabajo se reproduce en otro espacio donde las remesas así sean pequeñas bastan para alimentar a la familia y asegurar salud y educación para los hijos”. 

Castellanos también afirma que sin embargo, “el problema es que las condiciones de trabajo de los migrantes están lejos de ser satisfactorias”, esto acompañado por el control y la penalización de la movilidad de los migrantes por parte de los países receptores, “hace que los trabajadores deban emigrar en condiciones de precaria legalidad cuando no de absoluta ilegalidad”, lo que los obliga a trabajar “por la izquierda”, “el trabajo negro”, o el llamado “submundo del trabajo barato” y a vivir en las sombras, el sobresalto, la angustia, victimas de la discriminación y la xenofobia, y donde los derechos humanos fundamentales que tiene toda persona humana no le son respetados. 

De este cuadro desolador, en el que vive la mayoría de los trabajadores migrantes, se aprovechan los países receptores del llamado “mundo desarrollado”. En los Estados Unidos de América, “el principal receptor de migrantes del mundo”, la incorporación todos los años de miles de trabajadores al “submundo del trabajo barato” resulta de extraordinario beneficio para su economía, ayudando a mantener salarios bajos y por ende costos más reducidos, que si la misma labor la realizaran los nacidos en el país teniéndoles que pagar los salarios mínimos y los beneficios establecidos por la ley. De ahí que sectores económicos estadounidenses, a contra pelo de los grupos que de boca rechazan la continua llegada de migrantes, promuevan tanto la migración calificada como legal (el llamado robo de cerebros), como la de mano de obra no-calificada, conceptualizada como ilegal que es la que mas beneficios les brinda. 

La globalización neoliberal y la consolidación del poder casi absoluto de los capitales financieros transnacionales han tenido consecuencias nefastas en las realidades nacionales de la mayoría de los países de esta región, ayudando a crear los ambientes de falta de esperanza y las condiciones objetivas principales, que impulsan a los seres humanos a buscar otras alternativa de vida en lugares distintos a los que los vio nacer. 

Por otro lado, los países “expulsores” de migrantes, responsables en primer término del cuadro desolador que hemos descrito, han logrado encontrar una solución parcial a sus problemas estructurales, gracias al aporte de las remesas que envían los migrantes a sus familiares. Remesas que en muchos casos son la segunda fuente de recursos externos de algunos países. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en año 2004 “los migrantes latinoamericanos y caribeños enviaron a sus países 45,800 millones de dólares”. 

Este flujo de las remesas se ha convertido de hecho en una parte importante de las economías de la región, pues según la CEPAL “son una fuente significativas de recursos y juegan un papel decisivo como atenuantes de la pobreza “, contribuyendo a financiar gastos que son obligaciones y responsabilidades en principio, de los gobiernos de los países originales de los migrantes, que mientras tanto derrochan y malversan los escasos tesoros de las naciones.

Esta responsabilidad compartida que tienen, tanto los países “expulsores” como los receptores, de mantener o imponer injustas situaciones han obligado a más de 180 millones de personas en todo el mundo a migrar buscando la posibilidad de vivir con dignidad. Muchos de ellos terminaron viviendo en el mundo de los trabajadores migrantes ilegales, que no disfrutan de un trato decente y humano, o en el “submundo del trabajo barato” de los que se encuentran ilegalmente en los países receptores, sufriendo las injustas e inhumanas consecuencias ya antes apuntadas. Esto ha dado paso a una nueva definición en materia de derechos humanos: El “Derecho a no migrar”.

Hoy en día a la hora de hablar de los derechos básicos de los migrantes se ha comenzado a introducir el concepto del “Derecho a no migrar”. Esto que pudiera sonar contradictorio no lo es. Un documento de trabajo preparado por Cristian Doña Reveco, Consultor de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), señala que en el fondo, las migraciones “son producidas por causas que presionan a las personas a movilizarse y que el costo de las migraciones a nivel personal e incluso colectivo, resulta muchas veces negativas para el que migra”. 

El “Derecho a no migrar”, es el derecho que tiene toda persona a poder permanecer en el lugar que habita y desarrollar su vida económica y social, sin necesidad de trasladarse a otro país para lograr un nivel satisfactorio de las necesidades básicas de él y su familia, para poder todos vivir y realizarse con dignidad en condiciones que le permitan un desarrollo integral de su persona. 

Este derecho tiene que ser visto desde la perspectiva de que son, en primer lugar, los gobiernos nacionales los que tienen la obligación de garantizarle a los pueblos, ambientes propicios que le faciliten a sus ciudadanos la posibilidad de vivir y realizarse con dignidad, y en segundo lugar la responsabilidad de los países receptores, en particular los del llamado “mundo desarrollado”, de creer en el destino universal de la tierra y demás bienes naturales, que fueron creados por Dios para el uso de todos y cada uno de los hombres y los pueblos, por lo que deben “llegar a todos en forma equitativa, bajo la égida de la justicia y con la compañía de la caridad”. 

Sin embargo, dadas las actuales condiciones y mientras las garantías de poder desarrollarse y vivir con dignidad en sus propios países no se den, los seres humanos tienen el derecho a migrar. Derecho universalmente reconocido en los principales documentos de la “Carta Internacional de Derechos Humanos” de las Naciones Unidas y en los documentos regionales de la Organización de

Estados Americanos. De igual forma los derechos y la protección de los migrantes han quedado plasmados en distintos documentos del derecho internacional. Primero en la “Declaración sobre los derechos humanos de los individuos que no son nacionales del país en que viven”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1985 y que posteriormente fueron reafirmados en la “Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias” promulgada en 1995 por la Asamblea General, que ha sido firmada por muchos países y que ya se encuentra en vigor después que finalmente se consiguieran las 20 ratificaciones necesarias. 

Lamentablemente la gran mayoría, por no decir la totalidad, de los países del llamado “mundo desarrollado” principales receptores de migrantes, ni la han firmado ni la han ratificado. Por lo tanto no hay aplicabilidad de la misma en los países donde más se violan los derechos de los migrantes y sus familiares.

Esta situación se agravó a partir de los atentados del 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos de América y particularmente en este país. A partir de estos criminales sucesos, los estados occidentales desarrollados no solo aumentaron el control de sus fronteras, sino que comenzaron una campaña de detecciones arbitrarias de por tiempo indefinido de migrantes, sin la oportunidad de un proceso justo ante los tribunales. Todo ello no solamente va en contra de los documentos de derechos humanos relacionados directamente con los migrantes, en particular la Convención, sino en contra de todos los derechos y libertades reconocidas universalmente para todo ser humano en todas partes, tal y como están expresados la “Carta Internacional de Derechos Humanos” , en documentos regionales y en Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

A este cuadro de injusticias se ha agregado la adopción, por parte de los países receptores, del término “migrante ilegal”, que con anterioridad sólo era utilizado por muy pocos gobiernos y, sobre todo, por los medios de comunicación al referirse a los migrantes que ingresaban de forma ilegal a un país. Esa nueva clasificación, “criminaliza y deshumaniza a los seres humanos” según muchos autores, y es utilizada por los gobiernos para negarles derechos básicos fundamentales a los migrantes que se encuentran en esta situación, sin tomar en cuenta que “los gobiernos tienen la responsabilidad de asegurar la protección de los derechos humanos de todas las personas que estén en un momento determinado en su territorio, sin importar el estatus migratorio que tengan”. 

En su Opinión Consultiva OC-18/03, la Corte Interamericana de Derechos Humanos decretó que: “...la situación regular de una persona en un Estado no es condición necesaria para que dicho Estado respete y garantice el principio de la igualdad y no discriminación, puesto que dicho principio tiene carácter fundamental y todos los Estados deben garantizarlo a sus ciudadanos y a toda persona extranjera que se encuentre en su territorio”, independiente de su situación migratoria, “puesto que el respeto y garantía de goce y ejercicio de esos derechos deben realizarse sin discriminación alguna”. 

Esta Opinión Consultiva, emitida por la Corte a solicitud del gobierno de México en referencia a las consecuencias que pudiera tener el decreto Hoffman sobre los derechos humanos de los trabajadores mexicanos en los Estados Unidos de América, ha sido completamente ignorada en la práctica por el gobierno norteamericano.

Hoy en día, en muchos de los llamados “países desarrollados”, existe un gran debate nacional, sobre la situación de los migrantes que ya se encuentran en su territorio y sobre como proteger (cerrar) sus fronteras para impedir la continuidad de las entradas, todo esto en un marco de actitudes discriminatorias y de una exagerada xenofobia. 

En los EEUU el debate se encuentra estancado entre una versión un poco mas humanizada en el Senado Federal, sin que llegue a ser lo que hace falta y lo que sea mas humano, y una más reaccionaria por parte de la Cámara de Representantes Federal, que rechaza todo intento de encontrar una solución al estatus de los migrantes que se encuentra sin papeles, y que solo le interesa la deportación masiva de estos y la construcción de una absurda “muralla china” a lo largo de la frontera sur del país. La del norte no importa pues los migrantes del Canadá tienen también, “el pelo rubio, los ojos azules y hablan inglés” como el idealizado prototipo norteamericano. 

En los Estados Unidos de América los propios migrantes, las iglesias, las organizaciones que tradicionalmente han defendido los derechos de estos y hasta los sindicatos, por solo mencionar varios sectores de la sociedad, han salido en defensa de los derechos de los migrantes y a favor de una solución humana, digna y justa para los problemas existentes. En muchos países de la Unión Europea los planteamientos anti emigrantes han sido rechazados con protestas y hasta enfrentamientos, tanto por parte de los migrantes como de los sectores que más se identifican con el problema, tanto de un lado como del otro. 

Las soluciones no son fáciles, pues mientras en los países “expulsores” no asuman su responsabilidad como garantes de los derechos fundamentales de la persona humana en todos sus órdenes y no se corten de raíz las causas económicas, sociales y políticas que obligan a los pueblos a la migración, estas serán solamente parciales y temporales.

En nuestro caso también, mientras las políticas económicas promovidas por la globalización del neoliberalismo, no permitan los cambios estructurales que se necesitan en los países de América Latina y el Caribe para alcanzar un verdadero desarrollo integral y sustentable que les permita a los pueblos vivir y trabajar con dignidad, las migraciones no tendrán fin. 

Mientras tanto, los Estados receptores tienen en primer lugar, el deber y el compromiso moral de:

1. Firmar y ratificar la “Convención Internacional sobre la Protección de los de Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias” de las Naciones Unidas y todos aquellos Pactos y Convenios de otros organismos internacionales y regionales que sean aplicables.

2. Promover legislaciones nacionales que les garanticen a los migrantes y sus familias el respeto a su dignidad e integridad como le corresponde como personas humanas, sin distinciones de ningún tipo. 

3. Penalizar a las corporaciones, empresas o individuos nacionales, que explotan, discriminan y maltratan a los migrantes y/o que promuevan el ilegal tráfico humano hacia los países receptores que tantas vidas cuesta anualmente. Exigiéndose a la par que los países “expulsores” tomen iguales medidas en sus territorios. 

Nada resolvemos luchando solamente por la “Dignidad para Migrantes”, si no luchamos a la par porque no existan “Migrantes por Dignidad”.

Nada resolvemos luchando solamente por la “Dignidad para Migrantes”, si no luchamos a la par porque no existan “Migrantes por Dignidad”.